Capitulo 3:

La Persecución de Juan Manuel Santos contra Andrés F. Arias

A pesar de no llevar mucho tiempo en la política, para 2007 Andrés F. Arias se había convertido en uno de los ministros más destacados y populares del gabinete del Presidente Uribe[36]. En contraste, Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa exhibía una baja calificación y un precario nivel de favorabilidad en las diferentes mediciones de opinión pública[37]. Esto naturalmente mortificaba profundamente a Santos toda vez que, a diferencia de Arias, él contaba con una carrera política muy larga, había encabezado el tema más valorado y popular de Uribe (seguridad), pertenecía a una de las familias más tradicionales entre los círculos de poder de Colombia[38] y, en la narrativa política colombiana, se creía que estaba predestinado a convertirse en Presidente de Colombia[39]. He ahí la génesis de la animosidad y animadversión de Juan Manuel Santos contra Andrés F. Arias.

Adicional a lo anterior, y a pesar de que entre 2007 y 2009 Santos logró capitalizar los éxitos de la Política de Seguridad Democrática, el Presidente Uribe comenzó a revelar públicamente su preferencia por Arias sobre Santos como su posible sucesor[40]. Tanto así, que desde entonces sus enemigos se han referido de manera despectiva de Arias como “Uribito” (incluyendo al grupo terrorista FARC)[41]. Como era de esperarse, ante esas muestras de predilección  por parte de Uribe la animadversión y animosidad de Santos hacia Arias se intensificaron.

En febrero de 2009, motivado por su éxito como servidor público y por el apoyo de Uribe, Arias renunció al Ministerio de Agricultura para postularse a la Presidencia de la República a través del Partido Conservador. Desde luego, su plataforma política e ideológica gravitó en torno a la misma línea de pensamiento del Presidente Uribe.[42] Poco después, Santos renunció al Ministerio de Defensa también con la intención de postularse para la Presidencia. En cualquier caso, para entonces muy pocos cuestionaban el hecho de que era Arias, en vez de Santos, el sucesor preferido de Uribe.

Con el guiño de Uribe, Arias se convirtió en una figura política extremadamente popular. De hecho, muy temprano en la carrera presidencial el ex Ministro se consolidó como uno de los favoritos tanto en las encuestas generales como en las encuestas de las primarias del Partido Conservador[43]. Para el segundo semestre de 2009 Arias encabezaba las encuestas de dichas primarias por márgenes muy amplios[44]. Dada la preferencia pública y abierta de Uribe por Arias y la creciente favorabilidad electoral de este último, se hizo claro para todos que, si el exministro Arias lograba ganar las primarias del Partido Conservador y convertirse en un candidato presidencial de pleno derecho, las posibilidades de Santos de llegar a la Presidencia de la República se reducían considerablemente.

Entre Septiembre y Octubre de 2009 la Revista Cambio, perteneciente a la Casa Editorial El Tiempo, en donde la familia Santos mantenía participación y enorme influencia[45], reveló algunas anomalías con el módulo de riego del Programa AIS. Específicamente, la publicación develó un puñado de grandes productores del campo que en el Departamento del Magdalena habían fraccionado fraudulentamente sus plantaciones con el fin de simular varios proyectos agropecuarios (cuando en realidad era sólo uno) y así acceder a más recursos de riego de AIS de aquellos a los que hubieran tenido derecho.

Pues bien, los medios de comunicación se centraron inmediatamente en Arias y en una ex reina de belleza, la Srta. Valerie Domínguez, quien no sólo era novia de uno de los acusados de dividir irregularmente su tierra (Sr. Juan Manuel Dávila), sino además arrendataria de uno de los lotes fraudulentamente fraccionados. Aunque unas semanas después de que estalló el escándalo la Srta. Domínguez renunció al incentivo de riego de AIS[46] y aunque se ha demostró una y otra vez que la adjudicación a ella del incentivo de riego de AIS no ocurrió bajo la administración del ex Ministro Arias, los medios de comunicación no cesaron en sus señalamientos, magnificándolos con la singular presencia de la ex reina en medio del escándalo.

Como es obvio, los adversarios políticos de Arias, especialmente sus rivales en las primarias del Partido Conservador, capitalizaron el escándalo y acusaron falsamente al ex Ministro de haber favorecido intencionalmente a esas familias del Magdalena con los dineros de AIS, con miras a obtener de ellos favores políticos y financiación para su campaña. Ello – repetían una y otra vez sus rivales y contradictores – en desmedro de los derechos de los pequeños y medianos agricultores  a acceder a los recursos del programa. Es decir, un discurso devastador contra cualquier político en campaña.

Andrés F. Arias siempre dio la cara y respondió al cúmulo de acusaciones explicando que el Programa AIS habia sido diseñado para beneficiar a todo tipo de agricultores, de todos los tamaños, que aún así los recursos habían llegado en altísima proporción a pequeños y medianos productores, que el operador del programa era una entidad prestigiosa y perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA – IICA), la cual contaba con plena autonomía técnica para seleccionar a los agricultores que recibirían los incentivos, que dicha entidad nunca advirtió al Ministerio del fraude, y que su campaña no había sido financiada por aquellos acusados de dividir sus tierras de manera irregular[47].

Por supuesto, el mayor beneficiado del escándalo fue Juan Manuel Santos. Adicionalmente, el periódico El Tiempo, en donde la familia Santos mantenía participación y enorme influencia, intentó convencer a sus lectores de que el escándalo había sido un golpe fatal para la candidatura de Arias y, por lo tanto, que Santos debía ser el abanderado de Uribe[48]. Tanto es así, que la Sra. Claudia López, una colaboradora recurrente en ese entonces del periódico e importante figura política en la actualidad, publicó un artículo de opinión criticando el sesgo y la falta de imparcialidad del diario para cubrir el escándalo y para diagnosticar los supuestos efectos que se habrían desencadenado sobre las campañas de Arias y Santos. Debido al artículo de opinión, la Sra. López fue despedida del periódico[49].

Con todo y a pesar del escándalo, el Presidente Uribe mantuvo su incondicional apoyo a Arias hasta el punto de declarar, unos días antes de las primarias, que el ex Ministro era su propia “versión mejorada [50].

Sorprendentemente, y a pesar del brutal enlodamiento que recibió durante su campaña y del descomunal esfuerzo de sus enemigos para desacreditarlo con el escándalo de AIS, Arias obtuvo más de un millón de votos (casi un tercio del total) en las primarias presidenciales del 10 de marzo de 2010, perdiendo por un mínimo margen[51].

Pero la de su rival no fue una victoria limpia, pues el conteo de votos estuvo plagado de anomalías. En concreto, cuando en la noche de la elección los datos de la Registraduría Nacional indicaban que Arias encabezaba la votación con una diferencia de varios puntos porcentuales sobre su más fuerte rival y la tendencia hacia la victoria del ex Ministro parecía irreversible, el proceso de conteo de votos fue suspendido indefinidamente[52]. Más grave aún, en la madrugada del día siguiente los resultados publicados por la Registraduría se habían invertido y Arias había caído al segundo lugar.

No obstante, cuando el conteo fue reanudado en el transcurso de los siguientes días los resultados empezaron a mostrar que el ex Ministro era el triunfador en las ciudades más grandes[53]. Por lo tanto, y a pesar de las protuberantes irregularidades en el conteo, Andrés F. Arias nuevamente parecía consolidarse como ganador de las primarias de su partido. Sin embargo, los resultados oficiales no fueron publicados sino hasta casi una semana después y, en medio de acusaciones de fraude electoral, las autoridades declararon a Noemí Sanín ganadora de las primarias por un estrecho y dudoso margen[54].

Con los resultados de las primarias, el camino de Juan Manuel Santos hacia la Presidencia de la República quedaba despejado, ya que ninguno de los otros candidatos (incluida Sanín, triunfadora dudosa de las primarias conservadoras) era visto como un genuino portaestandarte de los ideales de Uribe[55].

Ahora bien, el lector debe saber que a Andrés F. Arias nunca se le informó que, justo un día antes (9 de marzo) de las primarias (10 de marzo), la Fiscalía General de la Nación (FGN) había emitido un informe interno que desestimaba cualquier irregularidad de parte del ex Ministro (así como de su sucesor en el Ministerio de Agricultura) en relación con el escándalo de AIS. Puntualmente, los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) asignados al caso no encontraron ilegalidad alguna de parte de Arias en la celebración, ejecución y supervisión de los acuerdos de cooperación técnica y científica (con la OEA – IICA) por medio de los cuales se implementó el módulo de riego del Programa AIS[56].

La existencia del informe del CTI a favor de Arias no se reveló públicamente hasta que el periódico El Colombiano develó la historia en octubre de 2011 (casi un año y medio después)[57]. A esas alturas, y como se verá más adelante, Arias ya estaba encarcelado injustamente. Para nadie es un secreto que si Arias hubiera sido informado de este informe de manera oportuna (marzo de 2010), lo más probable es que hubiera ganado las primarias (incluso a pesar de las anomalías en el conteo de votos) y bien podría haberse convertido en Presidente de Colombia para el período 2010 – 2014.

Vale la pena recordar que todo esto ocurría mientras la Fiscalía General de la Nación estaba a cargo de un Fiscal interino (Guillermo Mendoza Diago) designado por la Corte Suprema de Justicia, toda vez que dicho tribunal se había negado una y otra vez (ilegal e inconstitucionalmente) a elegir un Fiscal en propiedad de las ternas de candidatos proporcionadas por Uribe. Ello, como se vio en el Capítulo 2, ocurría en medio del fragor de la confrontación entre el gobierno del Presidente Uribe y la Corte Suprema. Por ende, no sorprende que el documento que exoneraba penalmente al ex Ministro Arias hubiera permanecido oculto por tanto tiempo.

Por otro lado, el 19 de agosto de 2010 la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe desestimando cualquier irregularidad de parte de los funcionarios del Ministerio de Agricultura en relación con los fraudes cometidos en contra del módulo de riego del Programa AIS. En concreto, el informe concluyó que habían sido los particulares (es decir, las personas que subdividieron fraudulentamente sus plantaciones), y no los servidores públicos, quienes habían engañado al Ministerio de Agricultura y actuado irregularmente para obtener beneficios en virtud del Programa de Riego AIS[58]. En últimas, el dictamen de la CGR eximió nuevamente a Arias de cualquier responsabilidad en las anomalías detectadas en el módulo de riego del programa.

Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2010 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) aprobó un acuerdo de reparación entre las personas acusadas de dividir irregularmente sus tierras y el Ministerio de Agricultura en el cual se establecían las condiciones económicas y financieras sobre las cuales tales individuos estaban dispuestos a devolver los dineros que habían obtenido fraudulentamente en las convocatorias de riego de AIS. El fallo validó las condiciones y concluyó que habían sido los particulares quienes habían actuado irregularmente e inducido en error al Ministerio de Agricultura para acceder a más beneficios de aquellos a los que normalmente hubieran tenido derecho bajo el módulo de riego de AIS[59]. En otras palabras, el fallo del tribunal reiteró las conclusiones del dictamen de la Fiscalía General de la Nación y de la Contraloría General de la República en el sentido de no hallar irregularidad alguna de parte del ex Ministro Arias (o de funcionario alguno del Ministerio de Agricultura).

[57]http://www.elcolombiano.com/historico/documento_del_cti_da_mas_luces_en_caso_ais-CYEC_153562.
[58] Anexo E – Ver por ejemplo pgs. 95 a 99
[59] Anexo F – Ver por ejemplo pg. 24

Finalmente, el 18 de enero de 2011 el Consejo Nacional Electoral (CNE) culminó una investigación de casi un año y absolvió a Andrés F. Arias de cualquier irregularidad en la financiación de su campaña de 2010, desestimando así las falsas acusaciones que contribuyeron a la turbia derrota[60]. En síntesis, y después del dictamen en su favor por parte de cuatro entidades independientes, el nombre de Arias volvía a quedar limpio.

Mientras todo esto sucedía a favor del ex Ministro Arias, Juan Manuel Santos se alejaba considerablemente de las posturas ideológicas que lo habían llevado al poder. En efecto, después de haber sido el Ministro de Defensa del Presidente Uribe y de haber pregonado durante su campaña la misma plataforma política de Uribe, una vez asumió la Presidencia empezó a darle la espalda a las políticas de su predecesor[61]. Por ejemplo, menoscabó la doctrina de Seguridad Democrática de Uribe con el fin de darle paso a las negociaciones con el grupo terrorista de las FARC. Adicionalmente decidió hacerse amigo de los dictadores Hugo Chávez[62] y Fidel Castro. Peor aún, optó por no impulsar en el Congreso de la República un acuerdo que estaba pendiente con los Estados Unidos para permitir que bases militares norteamericanas operaran en Colombia en el marco de la lucha binacional contra el narcotráfico[63]. Como si todo esto fuera poco, Santos también minó considerablemente el núcleo de la política internacional, económica y social de la Administración Uribe[64].

Así las cosas, a principios de 2011 ya era evidente para todo el mundo que el Presidente Santos había cambiado radicalmente su línea de pensamiento político. En consecuencia, el ex Presidente Uribe y sus aliados políticos más cercanos (comenzando por el ex Ministro Arias) ya sabían que Juan Manuel Santos los había traicionado al impulsar una agenda política que no solo era completamente diferente a la que habían implementado mientras estaban en el gobierno, sino que era radicalmente opuesta a la que habían ofrecido a los votantes cuando impulsaron la campaña presidencial de éste.

Ante la inminencia de un brutal choque político con el personaje más popular y querido por el pueblo colombiano, Santos comenzó a fabricar (primer semestre de 2011) una feroz persecución judicial contra el círculo más cercano de Uribe.  Desde luego, en esa macabra y criminal empresa el Presidente Santos tenía todas las de ganar. A su favor jugaban:

  1. El odio de la facción politizada y corrupta de la Corte Suprema de Justicia hacia Uribe y su administración.
  2. La deuda de lealtad de la nueva Fiscal General de la Nación (Vivian Morales) con Juan Manuel Santos pues, como se vio en el Capítulo 2, éste había sido capaz de retirar las ternas de candidatos nominados por el ex Presidente Uribe y postularla a ella dentro de una nueva terna, aunque ello configurara una violación flagrante del sistema de pesos y contrapesos constitucionales de Colombia.
  3. La deuda de lealtad de la Sra. Morales con la propia Corte Suprema de Justicia, como quiera que dicho tribunal se había atrevido a elegirla no sólo en medio de la inconstitucionalidad inherente al cambio de terna, sino también a elegirla con menos votos de lo que las normas exigían (debido a esto su nombramiento terminaría siendo declarado nulo por el Consejo de Estado[65] – ver Capítulo 2 –).
  4. La carencia de escrúpulos y déficit ético de la Sra. Morales y su esposo Carlos Alonso Lucio. Ambos, tal como se vio en el Capítulo 2, arrastraban una larga trayectoria de relacionamiento con los mismos grupos ilegales contra los cuales Presidente Uribe y su gobierno tanto habían luchado[66].

Pues bien, Andrés F. Arias fue el objetivo principal de la persecución desatada por Santos. Esto tiene dos explicaciones. Por un lado, con su nombre nuevamente limpio, el ex Ministro Arias se había convertido en uno de los aspirantes presidenciales más fuertes de los años venideros. Sin duda, la gente identificaba a Andrés F. Arias como el verdadero abanderado de la plataforma política de Uribe; plataforma realmente popular y añorada por una gran parte del pueblo colombiano ahora que Santos la había debilitado. Por otro lado, Arias había sido especialmente crítico ante la traición de Santos. Por ejemplo, en la Convención del Partido Conservador de febrero de 2011 el ex Ministro proclamó en su discurso que el Presidente Santos estaba implementando una agenda política de apaciguamiento con el terrorismo y con el dictador Hugo Chávez, de la misma forma en que Chamberlain lo había hecho con Hitler[67].

Así pues, Andrés F. Arias se convirtió en el principal objetivo de Santos. Como era de esperarse, y a pesar de que varias autoridades judiciales y administrativas (incluida la FGN) habían desestimado cualquier actuar irregular de su parte en el fraude contra del módulo de riego de AIS, la recién nombrada Fiscal General Viviane Morales desató una campaña brutal y despiadada de persecución judicial contra el ex Ministro ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia[68]. En efecto, el 13 de junio de 2011 la Sra. Morales anunció una imputación formal en contra de Arias por el caso AIS. La fecha de la audiencia fue fijada para el 21 de julio de ese mismo año en el Tribunal Superior de Bogotá.

El 19 de julio de 2011, dos días antes de la audiencia de imputación, la Procuraduría General de la Nación (PGN) concluyó su propia investigación y sancionó disciplinariamente al ex Ministro Arias por “descuido” con los estudios precontractuales de los convenios de cooperación técnica y científica que había suscrito con la OEA – IICA para la implementación del módulo de riego de AIS. Sin embargo, la PGN desestimó cualquier comportamiento doloso o delictual por parte de Arias[69].

Aún así, la Fiscal General Morales siguió adelante con la imputción y el 21, 22 y 26 de julio de 2011 Arias compareció ante el Magistrado Orlando Fierro Perdomo del Tribunal Superior de Bogotá, quien ofició como su juez de control de garantías[70]. Pues bien, el precitado magistrado arrastraba un protuberante conflicto de intereses para escuchar la imputación: era ahijado de matrimonio del ex Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Sr. Yesid Ramírez[71]. Tal como se expuso en el Capítulo 2, el ex Magistrado Yesid Ramírez era quien había iniciado y liderado el enfrentamiento de la Corte Suprema de Justicia contra la administración del Presidente Uribe. Recuérdese que el enfrentamiento tuvo diversas causas, algunas de ellas institucionales (como el apoyo del Presidente Uribe a una reforma que otorgaba poderes a la Corte Constitucional sobre la Corte Suprema), y otras personales (como la denuncia de la administración de Uribe de las relaciones entre varios magistrados de la Corte Suprema, incluido Ramírez, y algunas personas señaladas de tráfico de drogas y lavado de dinero) (ver Capítulo 2). Con todo, el Magistrado Fierro Perdomo nunca se recusó y su vínculo de amistad con el ex Magistrado Yesid Ramírez, vínculo que solo se conocería varias semanas después, menoscabó el debido proceso de Andrés Felipe Arias.

[68] La Fiscal General Morales también dirigió su campaña de persecución contra otros ex integrantes del gabinete y altos funcionarios que sirvieron en la Administración del Presidente Uribe (véase el Capítulo 2).
[69]https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-General_confirma_destitucion_e_inhabilidad_por_16_anos_a_exministro_de_Agricultura_Andres_Felipe_Arias.news.
[70] Dado que Arias era un ex Ministro de Estado y, por tanto, aforado constitucional, su juez de control de garantías no podía ser un juez ordinario, sino un Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, tribunal que se ecuentra orgánicamente por debajo del tribunal que lo habría de juzgar, es decir, la Corte Suprema de Justicia.
[71] Anexo H

Desafortunadamente, el del Magistrado Fierro Perdomo no fue el único conflicto de intereses que contaminó la audiencia de imputación en contra del ex Ministro Arias. La Fiscal Viviane Morales también arrastraba su propio conflicto de interés. La razón es que en 1998 el esposo de la Fiscal General Morales, Sr. Carlos Alonso Lucio, había sido sentenciado a dos años y medio de prisión luego de una investigación liderada por el abogado defensor de Andrés F. Arias, el ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Aníbal Gómez Gallego (ver el Capítulo 2). Pero, además, el Sr. Gómez Gallego también había investigado en 1996 a la propia Fiscal General Morales (entonces Representante a la Cámara) por haber prevaricado en la absolución congresional del ex Presidente Ernesto Samper Pizano, en ese momento acusado de ser partícipe de la entrada de dineros del Cartel de Cali a su campaña presidencial (investigación que la entonces Congresista Morales obstruyó acudiendo a una Acción de Tutela).

Tan evidente era el conflicto de intereses de la Fiscal Morales para llevar el caso Arias, que en una entrevista de la revista Semana al Sr. Carlos Alonso Lucio, en la cual se le preguntaron por el cúmulo de anomalías que manchaban el proceder de su esposa como Fiscal General[72], el manifestó sin ruborizarse que ella no se recusó en el caso de Arias porque los impedimentos en Colombia, según él, nada tenía que ver con la ética[73].

Ahora, los cargos imputados contra Arias por la Fiscal General Morales durante la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá fueron los siguientes:

  1. Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Específicamente, la Fiscal Morales le reprochó a Arias el haber implementado el módulo de riego de AIS mediante la celebración de tres convenios de cooperación técnica y científica, directamente y sin licitación pública, con la OEA – IICA y que haberlo hecho era violatorio de la ley porque dichos convenios en realidad no abarcaban actividades científicas y tecnológicas.
  2. Peculado por apropiación a favor de terceros:

  • La OEA – IICA debido a los fondos que la entidad gastó en la administración del módulo de riego del programa AIS.
  • Las personas que fraccionaron sus tierras de forma fraudulenta para aumentar los recursos de riego a los que tenían derecho.

    [72] De hecho, más allá del caso de Arias, fueron muchísimas las irregularidades, inconvenientes y exhibiciones de negligencia profesional que se denunciaron y criticaron en contra la Fiscal General Morales durante el breve período de tiempo que permaneció en su cargo.
    [73]http://www.semana.com/nacion/articulo/habla-lucio/250634-3

    La teoría con la cual la Fiscal Morales conjugó ambos cargos era que Arias había firmado los convenios de cooperación técnica y científica con la OEA – IICA sabiendo que no contenían ninguna cooperación científica y técnica real. Por lo tanto, según ella, estos eran solo contratos regulares de administración de recursos públicos disfrazados de convenios de cooperación científica y técnica para así evitar una licitación. De acuerdo a la Sra. Morales, Arias no podía permitir que otra entidad implematara el módulo de riego de AIS, pues sólo a través de la OEA – IICA podría preservar el control sobre los recursos de riego de AIS y “permitir” el fraccionamiento fraudulento de los predios. Todo esto, según ella, a cambio de “apoyo político” por parte de las familias señaladas del fraude.

    Al margen de lo absurdo que resulta creer que un organismo de tanta trayectoria en todo el continente, sin ánimo de lucro y adscrito a la OEA se pueda prestar para semejante plan criminal, es menester recordar (ver atrás) que:

    1. La propia Fiscalía General de la Nación había emitido un informe que desestimaba cualquier irregularidad de parte del ex Ministro Arias en relación con el escándalo de AIS y, puntualmente, había descartado ilegalidad alguna de parte de Arias en la celebración, ejecución y supervisión de los acuerdos de cooperación técnica y científica (con la OEA – IICA) por medio de los cuales se implementó el módulo de riego del Programa AIS[74].
    2. El Tribunal Administratrativo de Cundinamarca y la Contraloría General de la República ya habían dictaminado que eran los particulares que fraccionaron sus predios – y no los funcionarios del Ministerio de Agricultura (incluido Andrés F. Arias) – los verdaderos responsables del fraude[75].
    3.  El Consejo Nacional Electoral había desestimado cualquier irregularidad o anomalía en el financiamiento de la campaña de Arias[76].
    4.  La Procuradoría General de la Nación acababa de desestimar cualquier intención criminal o dolosa por parte de Arias.

    Como si los conflictos de interés (de juez y fiscal) y lo absurdo de los cargos imputados no fueran una suficiente deformación de la justicia, la audiencia de imputación en contra del ex Ministro Arias no se llevó a cabo en una de las salas de audiencias del Tribunal Superior de Bogotá, sino en su enorme auditorio – tipo teatro –. Naturalmente, la audiencia fue conducida por el Magistrado Fierro Perdomo al mejor estilo circense, con los palcos colmados de medios de comunicación y las tribunas reservadas para las barras de aplausos de la Fiscalía y los colectivos de activistas enemigos del Presidente Uribe y su administración[77].

    Durante la audiencia imputación (la cual, como se dijo arriba, duró 3 días: 21, 22 y 26 de julio de 2011) la Fiscal Morales solicitó al Magistrado Fierro Perdomo que ordenara la detención preventiva de Andrés F. Arias porque, según ella, era probable que el ex Ministro influyera en el testimonio de sus antiguos colaboradores del Ministerio de Agricultura. Argumentó la Sra Morales que Arias había visitado a dichos ex colabordores en prisión en horas irregulares y durante largos espacios de tiempo, lo que, según ella, demostraba una intención de influir en su testimonio.

    Nada más alejado de la realidad. Aunque es cierto que el ex Ministro Arias había visitado en la cárcel algunos funcionarios del Ministerio que, como él, estaban siendo acusados penalmente sin mérito alguno, lo hizo durante los días y horas de visita autorizadas para ello y únicamente con el propósito de llevarles mantas y alimentos a su lugar de reclusión. Incluso la defensa de Arias presentó al Magistrado Fierro Perdomo testimonios de otras personas que estuvieron presentes durante dichas visitas, confirmando que el ex Ministro sólo fue a llevar mantas y alimentos y que nunca intentó influir en el testimonio de los funcionarios.

    Sea de ello lo que fuere, la ley colombiana estipula que la detención preventiva es de naturaleza excepcional, de tal manera que los artículos del código penal que autorizan su uso “solo pueden interpretarse de manera restrictiva y su aplicación [la detención preventiva] debe ser necesaria, apropiada, proporcional y razonable” dados los derechos garantizados por la Constitución[78]. Haciendo caso omiso de esto y basándose en el disparatado y desvirtuado argumento de sus visitas a la cárcel, el 26 de julio de 2011 el Sr. Fierro Perdomo ordenó la detención preventiva de Arias[79].

    Como parte de su esfuerzo continuo por humillar públicamente al ex Ministro Arias frente a los medios de comunicación, y en una protuberante violación a su derecho de defensa, los espectadores del auditorio – teatro del Tribunal estallaron en aplausos[80]. Fue tal la humillación, que la defensa del ex Ministro se inhibió de reponer (solicitar al juez reconsider) la orden de detención preventiva, intuyendo que ello sólo prolongaría la degradación y linchamiento moral que, a través de las ovaciones provenientes de los grupos de activistas y  barras que Fierro Perdomo permitió entrar al recinto, Arias y su familia ya estaban soportando.

    Culminada la audiencia, Andrés F. Arias fue transferido a una celda aislada en el búnker de la Fiscalía General. Permaneció allí durante más de 24 horas negándose a ingerir alimentos por temor a ser envenenado. Posteriormente fue trasladado a una unidad militar en Bogotá.

    Debe resaltarse igualmente que durante la audiencia de imputación la Fiscal General Morales divulgó toda la información personal  y privada del ex Ministro Arias, incluyendo su domicilio, sus números de teléfono y las identidades de su familia inmediata, incluyendo sus dos hijos menores de edad. Ahora bien, que una autoridad revele información privada durante una audiencia pública (que, por lo demás, estaba siendo transmitida en directo por televisión nacional) no sólo es altamente irregular, sino particularmente peligroso en el caso de Andrés F. Arias, como quiera que varios grupos terroristas lo consideraban a él objetivo militar, ya había sufrido amenazas y se habían descubierto algunos intentos de atentado en su contra[81].

    No en vano las mismas autoridades colombianas catalogaban formalmente al ex Ministro Arias como una persona en riesgo extraordinario de seguridad[82].

    Como era de esperarse, y con toda la información privada y familiar de Arias expuesta públicamente en televisión nacional por la Fiscal Morales (incluida la dirección de su residencia familiar y los correspondientes números telefónicos), desde el día mismo en que fuera enviado a prisión una serie de llamadas telefónicas amenazantes fueron realizadas a su hogar. Por supuesto, el temor de su esposa (por ella y por sus dos pequeños hijos) se sumó a la humillación circense que habían sufrido en la audiencia de imputación.

    Pues bien, el temor no era infundado. Un par de días más tarde varias personas posando como miembros del CTI y adscritos a la Fiscalía llegaron a la casa del ex Ministro y hurtaron documentos y artículos personales (incluido el dinero de su sueldo que le había dejado a su esposa para que subsistiera el primer mes en caso de ser enviado a la cárcel)[83]. Esto sucedió mientras su hijo (de 1 mes y medio de nacido) se encontraba allí al cuidado de la empleada doméstica.

    En esos mismo días el Director Nacional del INPEC certificó públicamente que las visitas de Andrés F. Arias a sus colegas en prisión no habían sido durante horas irregulares, ni más allá de los horarios de visita establecidos o aprobados, ni en violación de la ley, y que todas las visitas habían sido debidamente autorizadas por las autoridades[84]. Sin embargo, fue debido a esas visitas que Arias fue enviado y mantenido en prisión.

    Mas las irregularidades no cesaban. El 13 de enero de 2012 los medios de comunicación revelaron un audio del año 2010, en el cual la Fiscal General Morales, mientras laboraba como comentarista de un progama radial matutino, se expresó con un fuerte sesgo en contra de Arias, prejuzgándolo por el escándalo AIS[85]. Aún así, la Sra. Morales nunca se recusó a sí misma aunque estaba legal y éticamente obligada a hacerlo.

    En febrero de 2012  el Consejo de Estado declaró nulo y revocó el nombramiento de la Fiscal General Morales[86]. Como se anticipó en el capítulo anterior, dicho tribunal encontró que la Corte Suprema había actuado inconstitucionalmente cuando decidió cambiar sus propias reglas y reducir el número de votos requeridos de los magistrados a la hora de elegir a Viviane Morales como Fiscal General. Tal era el odio de la Fiscal Morales en contra del ex Ministro Arias, que el día de su despedida de la Fiscalía pronunció un discurso político en el cual lo señaló como uno de sus enemigos[87].

    Sorprendentemente, a pesar de la ilegalidad en la elección y nombramiento de la Sra. Morales, la misma que había llevado a cabo la imputación, solicitud de medida de aseguramiento y acusación de Andrés F. Arias, la Corte Suprema continuó con el juicio en su contra.

    Tras la caída de la Fiscal Morales Santos nominó a Eduardo Montealegre Lynett como nuevo Fiscal General, nominación fue rápidamente aprobada por la Corte Suprema de Justicia el 22 de marzo de 2012[88].

    Ahora bien, el juicio de Arias comenzó formalmente en la Corte Suprema el 14 de junio de 2012. Esto es casi un año después de ser encarcelado (en medio de un protuberante vencimiento de términos) y a pesar de todas las anomalías e irregularidades previamente mencionadas.

    Estando en detención preventiva Arias solicitó su libertad varias veces. Sin embargo, la Fiscalía General siempre se opuso a las solicitudes, presentando argumentos absurdos (por ejemplo, que de ser puesto en libertad, Arias usaría su cuenta de Twitter para interferir en la investigación e intentaría influir en el testimonio de los testigos)[89]. Hasta ese punto los jueces de garantías del ex Ministro siempre se pusieron del lado de la Fiscalía[90].

    El 23 de abril de 2013, los medios de comunicación revelaron algunos correos electrónicos entre dos de las personas que habían estado involucradas en el fraccionamiento fraudulento de predios en el marco del módulo de riego del Programa AIS: el Sr. Juan Manuel Dávila y su exnovia y reina de belleza, la Señorita Valerie Domínguez (quien, junto al ex Ministro Arias, habían sido los principales objetivos de los medios de comunicación cuando comenzó el escándalo – ver arriba –). Los correos electrónicos revelaron claramente que el único propósito de Dávila y quienes confeccionaron el escándalo de AIS era arruinar políticamente a Arias en medio de su campaña presidencial de 2010[91].

    En medio de todas estas anomalías, Andrés F. Arias fue finalmente puesto en libertad el 14 de junio de 2013, luego de que una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá no encontrara mérito que justificara mantenerlo encarcelado “preventivamente”. Así, Arias pasó 23 meses en detención preventiva en una unidad militar de alta seguridad en Bogotá, sin haber sido declarado culpable de cometer ningún delito.

    Casi en forma simultánea la confrontación política entre el ex Presidente Uribe y el Presidente Juan Manuel Santos estaba en su punto más álgido. Uribe y su recién formado partido Centro Democrático (del cual el ex Ministro Arias no sólo era militante sino también fundador e integrante de la Dirección Nacional) mantenían una fuerte oposición política en contra del gobierno Santos, pero especialmente en contra del acuerdo que se estaba negociando en Cuba con el grupo terrorista de las FARC[92].

    En octubre de 2013, el Centro Democrático eligió a Oscar Iván Zuluaga (ex Ministro del Hacienda durante el segundo mandato de Uribe, y amigo personal de Uribe y de Arias) como el candidato presidencial para enfrentar a Santos en su intento de reelección[93]. Debido a los pronunciamientos de Santos, de su Fiscal Montealegre y de las FARC desde Cuba, para Uribe y sus alfiles más cercanos era clarísimo que iban a tener que soportar una violenta persecución político – judicial de cara a las próximas elecciones presidenciales.

    Debido a esto, en ese mismo octubre de 2013, Andres F. Arias solicitó renovar su visa estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. El ex Ministro temía, con muy buena razón como se verá más adelante, que la contienda electoral en curso interfiriera con los resultados de su juicio. Aunque las pruebas (testimoniales, documentales y periciales) que continuaban practicándose en su juicio le eran todas muy favorables (y ni una sola de éstas en contra), Arias intuía que, dada la profunda enemistad de la Corte Suprema contra quienes habían integrado la Administración Uribe, así como la feroz confrontación de su partido contra Santos, el riesgo de una reversión de lo que debía ser un veredicto de no culpabilidad era enorme.

    Sin duda, un fallo penal en contra del ex Ministro Arias impactaría directa y negativamente al candidato de Uribe y favorablemente al candidato – presidente Santos. En ese orden de ideas, Andrés F. Arias requería, en caso de confirmarse su intuición, una visa para tener la opción de salir de Colombia y buscar asilo político en los Estados Unidos.

    Inicialmente su solicitud de visa le fue rechazada sobre la base del proceso legal que enfrentaba. Sin embargo, con la ayuda del Presidente Uribe el ex Ministro pudo contactar al Sr. Drew Blakeney (Director de la Sección Política de la Embajada de los Estados Unidos). Este funcionario le solicitó a Arias un documento que explicara los cargos que le habían sido imputados. Así pues, Arias llevó a la Embajada de los Estados Unidos un documento en inglés titulado “Judicial Persecution“, con soportes documentales y audios de varios testimonios en la Corte que no sólo probaban su inocencia sino que, además, confirmaban la persecución de la que venía siendo víctima.

    Como resultado de esta gestión, el 7 de noviembre de 2013 la Embajada de los Estados Unidos en Colombia le emitió a Andrés F. Arias una visa de B – 1 / B – 2 válida hasta el 29 de octubre de 2023. Después de recibir su visa, la Sección Política de la Embajada invitó al ex Ministro a una reunión. Esta se llevó a cabo unos días después en las instalaciones de la propia Embajada. A la reunión asistieron el Sr. Drew Blakeney (Director Sección Política), la Sra. Silvana del Valle Rodríguez (Primer Secretario Político – Asuntos Militares) y el Sr. Federico Salcedo (Especialista de la Sección Política)[94].

    Durante la conversación, Arias informó a los funcionarios de la Sección Política de su intención de solicitar asilo en los Estados Unidos. El señor Blakeney reconoció que la misión diplomática de Estados Unidos estaba al tanto de los incidentes de abusos judiciales, especialmente en la Corte Suprema de Justicia, contra los altos funcionarios de la Administración del Presidente Uribe. De hecho, los cables de la misma Embajada (filtrados por Wikileaks) prueban que el Departamento de Estado de los Estados Unidos siempre estuvo al tanto de la politización de la Corte Suprema en contra de Uribe y su equipo[95]. Incluso, el Sr. Blakeney le mencionó al ex Ministro tres casos que los preocupaban: es suyo propio (Andrés F. Arias), el de Luis Carlos Restrepo (ex Comisionado de Paz de la Administración Uribe, asilado en Canadá) y el de Santiago Uribe (hermano del ex Presidente Uribe, acusado de un crimen que supuestamente ocurrió hacía más de 20 años). Dicho esto, los funcionarios de la Embajada tomaron nota de las intenciones del ex Ministro Arias en relación al asilo.

    En la primera semana de diciembre de 2013 Andrés F. Arias viajó por una semana a los Estados Unidos. Allí contrató al Sr. Hans Burgos, un abogado de inmigración, para evaluar los méritos de una posible solicitud de asilo para él y su familia[96].

    Mientras Arias hacía esto en los Estados Unidos, los problemas de seguridad de su familia se incrementaron. El 2 de diciembre de 2013 Catalina Serrano, esposa del ex Ministro, fue seguida durante un largo trayecto (3 kms aproximadamente) por un vehículo sospechoso no identificado, según lo informado por el propio esquema de seguridad que le habían asignado a la familia[97]. Pues bien, la Unidad Nacional de Protección (UNP) nunca investigó el incidente. Más grave aún, el 11 de diciembre de 2013, el ex Ministro Arias (ya de regreso en Colombia) solicitó a la UNP que su esquema de seguridad pudiera desplazarse con él y su familia durante un viaje que planeaban realizar al departamento de Antioquia. La UNP negó la solicitud[98] a pesar del creciente riesgo de seguridad que Andrés F. Arias y su familia ahora enfrentaban.

    Mientras tanto, el juicio al ex Ministro continuaba y se acercaba a su fin. El 11 de febrero de 2014, durante los alegatos de conclusión, el Ministerio de Agricultura (en representación del gobierno Santos) solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que Arias fuera condenado[99]. Por el contrario, el Despacho del Procurador General de la Nación (PGN) le solicitó a la Sala Penal que desestimara los cargos pendientes contra el ex Ministro. Específicamente, el representante del Procurador General argumentó que durante el juicio la Fiscalía General[100]:

    1. Había desbordado los límites de la acusación.
    2. No había podido probar, más allá de toda duda razonable (requisito necesario para una condena), que Andrés F. Arias hubiera actuado dolosamente.
    3. Había confundido al ex Ministro Arias con la institución del Ministerio de Agricultura, asignándole responsabilidad penal individual por decisiones y acciones (ni siquiera dolosas) de otros funcionarios del Ministerio.
    4. Había sido incapaz de demostrar que Arias hubiese ejercido o retenido control directo sobre el módulo de AIS operado por la OEA – IICA.

    Por supuesto, la defensa de Andrés F. Arias pidió su absolución pues las pruebas a su favor era demoledoras. El 25 de febrero de 2014 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó las audiencias de juicio del ex Ministro pero, extrañamente y en contra de lo que dicta el procedimiento penal convencional, pospuso el veredicto hasta el 8 de abril de 2014 (es decir, para 42 días después)[101].

    Para sorpresa de Arias y su defensa, el 7 de abril la Corte Suprema pospuso una vez más el veredicto hasta el 15 de mayo de 2014 (es decir, para 38 días después)[102]. Las sospechas del ex Ministro (en cuanto a la posibilidad de un veredicto político por fuera de derecho) comenzaban a confirmarse, pues el nuevo aplazamiento significaba que el veredicto se iba a anunciar casi 3 meses después de que finalizaran las audiencias del juicio (tiempo suficiente para todo tipo de presiones externas) y, peor aún, a sólo 10 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

    Es importante destacar que en ese momento (principios de abril de 2014) el ambiente político en Colombia se había polarizado en extremo. Ello como resultado de la confrontación políticamente violenta y cruda entre el candidato – presidente Santos y el ex Presidente Uribe, Oscar Iván Zuluaga y su partido (Centro Democrático). Pero, además, Oscar Iván Zuluaga comenzaba a acercarse a Santos en las encuestas de preferencia de voto[103].

    Intuyendo que el último aplazamiento del veredicto fuera indicativo de presiones externas sobre los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con el fin de inducir una injusta condena en su contra unos días antes de las elecciones y así infringir un golpe político mortal sobre Uribe y Zuluaga, Arias hizo dos cosas:

    1. Visitó los Estados Unidos por segunda vez el 12 de abril de 2014 y se reunió con personal de la oficina del abogado Burgos. En esa reunión el ex Ministro entregó las pruebas documentales de todas las anomalías que rodeaban su caso y de la persecución que estaba enfrentando. Con toda la evidencia en manos de su abogado de inmigración, este último ahora podría preparar la declaración jurada de solicitud de asilo para cuando Arias y su familia tuvieran que irse de Colombia definitivamente.
    2. Buscó otra reunión con la Sección Política de la Embajada de los Estados Unidos, la cual se llevó a cabo nuevamente en las instalaciones de la Embajada y con el mismo personal de la reunión anterior. Una vez más, Andrés F. Arias reiteró su intención de solicitar asilo. En esa ocasión el Sr. Blakeney le informó que, aunque la solicitud de asilo dependía del Departamento de Homeland Security (DHS), dicha dependencia generalmente consultaba una opinión del Departamento de Estado a través de la Embajada y que, cuando eso sucediera, definitivamente se emitiría una opinión favorable para la solicitud de asilo del ex Ministro.

    El 9 de mayo de 2014, es decir, a menos de una semana de la segunda fecha para el veredicto del juicio de Arias, sucedió algo inesperado. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca absolvió al Sr. Oskar Schroeder, el funcionario que había servido bajo Andrés F. Arias como Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Agricultura, de la sanción administrativa que la Procuraduría General de la Nación también le había impuesto por supuestamente haber redactado con descuido los acuerdos de cooperación que el ex Ministro suscribió con la OEA – IICA para la implementación del módulo de riego del Programa AIS[104].

    En últimas esto significaba que, según este tribunal, no sólo no hubo intención criminal cuando los funcionarios del Ministerio formalizaron los acuerdos de cooperación con la OEA – IICA subyacentes a la acusación penal contra Arias (ver arriba)[105] – algo con lo que el Despacho del Procurador General había estado de acuerdo (ver arriba)[106] –, sino también que dichos acuerdos podrían, de hecho, interpretarse como acuerdos legítimos de cooperación científica y técnica y, por tanto, estar exentos de licitación pública. Es decir, este hecho inesperado a favor del Sr. Schroeder derrumbaba nuevamente todos los argumentos de la Fiscalía en contra del ex Ministro Arias.

    Simultáneamente, todas las encuestas indicaban que en la primera vuelta presidencial Oscar Iván Zuluaga iba a derrotar a todos sus contrincantes, incluido el Presidente Santos quien ya había caído al segundo lugar, y que sería necesaria una segunda vuelta entre el candidato del Centro Democrático y el candidato – presidente.

    Así las cosas, una condena contra Arias en ese preciso momento (15 de mayo de 2014, segunda fecha prevista para el veredicto) hubiera sido contraproducente para los propósitos de los enemigos de Uribe, Arias y Zuluaga. Por un lado, un fallo condenatorio en contra del ex Ministro dejaría en evidencia la injusticia cometida, pues la absolución de Schroeder era de conocimiento público y, de hecho, se convirtió en noticia justo dos días antes de la primera vuelta presidencial[107]. Por otro lado, ante la inminencia de una segunda vuelta presidencial, la estrategia óptima de los enemigos de Uribe, Zuluaga y Arias era sin duda reservar la detonación derivada de una potencial condena contra el ex Ministro justo para el momento del certamen electoral final o segunda vuelta.

    Como era de esperarse, unos días antes de la fecha preestablecida para el veredicto, la Corte Suprema pospuso una vez más la audiencia y esta vez el aplazamiento fue indefinido. Esto confirmó las sospechas de Andrés F. Arias: su juicio estaba siendo manipulado políticamente por la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo para asestar un golpe fatal a Zuluaga y a favor de Santos antes de la inevitable segunda vuelta. En cualquier caso, Arias sabía que siempre tendría tiempo de salir de Colombia con su familia y llegar a suelo estadounidense una vez que se estableciera una nueva fecha para su veredicto.

    El 17 de mayo de 2014, precisamente una semana antes de la primera vuelta electoral, la Fiscalía General filtró un video que supuestamente incriminaba al candidato Oscar Iván Zuluaga, a su hijo David Zuluaga y a su Director de Campaña Luis Alfonso Hoyos de haber contratado un hacker para interceptar ilegalmente los correos electrónicos de los delegados de las FARC y de los negociadores del gobierno en Cuba, e infiltrar la campaña de Santos. Todo esto, según el Fiscal Montealegre, con el supuesto propósito criminal de sabotear las negociaciones del acuerdo de paz con dicho grupo terrorista y afectar al candidato – presidente en su propósito reeleccionista[108].

    Pocos días después, la campaña de Zuluaga y sus abogados revelaron el testimonio de un perito que probaba que el video con el supuesto hacker había sido alterado y manipulado. El Despacho del Fiscal General inmediatamente (en realidad dos días antes de las elecciones) respondió con un comunicado de prensa oficial diciendo que el video era real[109], en un intento protuberante e ilegal de influir en la opinión pública antes de la votación.

    Ahora bien, las elecciones de primera vuelta se llevaron a cabo el 25 de mayo de 2014 y, como lo pronosticaban las encuestas, Oscar Iván Zuluaga obtuvo la mayor votación, seguido por el candidato – presidente Juan Manuel Santos[110]. Tal como las encuestas también lo habían anticipado, y dado que el ganador no obtuvo más del 50 por ciento de los votos, una segunda vuelta electoral entre los dos primeros se hacía necesaria[111].

    Entre las elecciones de primera vuelta del 25 de mayo y la segunda vuelta (programada para el 15 de junio), el escándalo del hacker (escándalo amplificado por el gobierno de Santos y judicializado por la Fiscalía) le causó enorme daño a la campaña de Zuluaga. Aunque años más tarde se probaría que los fundamentos de las acusaciones no eran reales[112] y que todo fue confeccionado con el fin de menoscabar al candidato de Uribe y del Centro Democrático, en ese momento los arquitectos de la estrategia lograron su cometido y el candidato – presidente Santos remontó en las encuestas[113].

    Entre más se acercaba la fecha de la segunda vuelta, la arremetida judicial y la persecución política contra Zuluaga, Uribe y el Centro Democrático se hacía más feroz. La situación particular del ex Ministro no era la excepción, como quiera que en cualquier momento lo podrían citar a un veredicto politizado y ajeno a derecho; ello como resultado de las presiones externas sobre los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema.

    Sin embargo, el 13 de junio de 2014, justo dos días antes de la segunda vuelta, sucedió algo que nuevamente desvirtuaba las acusaciones en contra de Andrés F. Arias en relación con el Programa AIS. Ese día el Procurador General de la Nación, tras concluir una investigación de más de dos años, emitió un fallo absolviendo a Arias de cualquier anomalía en sus finanzas y patrimonio personal y familiar. En dicho fallo la Procuraduría General de la Nación confirmó que el ex Ministro no había utilizado ni el módulo de riego de AIS, ni cualquier otro programa del gobierno, para desviar fondos estatales de manera injustificada o para apropiarse de dineros públicos[114]. Como siempre, el informe fue retenido y no fue noticia sino hasta unos días después[115].

    Lo que sí registraron los medios de comunicación ese 13 de junio de 2014, y tal como lo venía intuyendo el ex Ministro a partir de los sucesivos aplazamientos de su veredicto, fue algo en su contra emanado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: la filtración ilegal de la noticia según la cual ya existía un proyecto de fallo condenatorio en su contra[116].

    Sin duda, la filtración de semejante bomba noticiosa dos días antes de la segunda vuelta presidencial tenía dos oscuros y maquiavélicos propósitos. El primero era favorecer a Santos y dañar a Oscar Iván Zuluaga más allá de lo que el escándalo del hacker ya lo había perjudicado. No se puede perder de vista que todo lo que en ese momento afectara a un alto dirigente del Centro Democrático impactaba a Uribe y, de paso, a Zuluaga (y en este caso todavía más dada la cercana amistad entre los tres). Ciertamente, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema no podían correr riesgos para la segunda vuelta y, por ende, detonaron toda su artillería de propaganda negra en contra de Zuluaga, Uribe y su entorno hasta el último minuto. Así ello se llevara por delante la libertad y la vida de Andrés F. Arias y su familia.

    El segundo propósito era ambientar antes de tiempo lo que sería una injusta e ilegal condena en contra del ex Ministro Arias, ejerciendo además una presión pública indebida sobre aquellos magistrados que quisieran fallar en derecho y en justicia. Dado que el ex Ministro era uno de los dirigentes del Centro Democrático con mayor cercanía al ex Presidente Uribe y con posibilidades reales de llegar en algún momento a la Presidencia de Colombia, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el propio Santos podían darse el lujo de dejar a Andrés F. Arias con vida política futura. Debían aniquilarlo del todo y para siempre.

    Prueba de las siniestras intenciones del Gobierno Nacional con la filtración de semejante noticia se encuentra en las redes sociales de la persona que en ese momento  estaba precisamente al frente de la protección del ex Ministro Arias y su familia[117]. Pues bien, una vez se filtró la noticia del proyecto de fallo condenatorio en contra de Arias, el Sr. Andrés Villamizar, Director de la Unidad Nacional de Protección, en vez de reforzar la seguridad del ex Ministro (y aunque parezca inverosímil), optó por amplificar la noticia acudiendo a su cuenta de twitter[118]. Peor aún, nótese que el titular que utilizó para magnificar y darle tracción a la noticia ya daba por cierta la condena. Es decir, ni siquiera acudió a los titulares que se referían a un “proyecto de fallo”. En síntesis, no se sabe qué fue más irregular de su parte, si su evidente interferencia como servidor público en un proceso electoral que vendría dos días después, o que fuera precisamente el funcionario público a cargo de la seguridad de Arias y su familia el que amplificara una noticia que los exponía y hacía aún más vulnerables.

     Temiendo por su seguridad y la de su familia, y completamente convencido de que el gobierno Santos y sus cómplices en la Corte Suprema habían torcido el veredicto de su juicio, con el fin inmediato de infringir un golpe mortal a la candidatura de Zuluaga pero con el objetivo a mediano plazo de propinar su muerte política, Andrés F. Arias contactó esa misma tarde del 13 de junio de 2014 a la Embajada de los Estados Unidos. Habló con el Sr. Drew Blakeney y le informó de su decisión inquebrantable de buscar asilo de inmediato en los Estados Unidos. Le consultó si, ante las nuevas revelaciones, podía ingresar a ese país. El Sr. Blakeney reiteró que estaban al tanto de su caso y que no había restricciones del Departamento de Estado que le impidieran a él y a su familia viajar a los Estados Unidos. No obstante, Blakeney le pidió al ex Ministro un poco de tiempo para confirmar la respuesta que le acababa de dar. Dos horas después, la Sra. Silvana del Valle Rodríguez (Primer Secretario Político y de Asuntos Militares de la Embajada de Estados Unidos)[119] llamó a Arias para confirmarle que tenía permiso para ingresar al territorio estadounidense aún con la filtración de la noticia y las consecuencias que ello pudiera generar.

    [116]http://caracol.com.co/radio/2014/06/13/judicial/1402655520_273087.html
    [117]Recuérdese el extraordinario riesgo de seguridad que el ex Ministro y su familia enfrentaban (ver arriba) y que el propio gobierno había reconocido: Anexo J.
    [118]Anexo S – twit original con avatar de la Unidad Nacional de Protección.Así es como aparece ahora en la línea de tendencia de Villamizar (nótese la fecha: junio 13 de 2014): https://twitter.com/villamizar/status/477504531040071680
    [119]Anexo M

    Así las cosas, el ex Ministro Arias llegó a los Estados Unidos en la madrugada del 14 de junio de 2014. En ese momento fue registrado y admitido por un oficial de inmigración[120]. Su esposa e hijos arribaron a ese país unos días después y también fueron registrados y admitidos legalmente por un oficial de inmigración[121]. A los pocos días radicaron su solicitud de asilo ante el USCIS del Departamento de Homeland Security.

    Naturalmente, el 15 de junio de 2014 se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial y, como era de esperarse dado el torrente de ataques, judicializaciones, persecución y propaganda negra desplegada por los amigos de Santos, el presidente – candidato se impuso. Años después se han ido destapando diferentes fraudes e ilegalidades en la financiación de su campaña de reelección[122].

    Ahora bien, es importante notar que en los días posteriores a la salida de Andrés F. Arias de Colombia, pero antes de que su esposa e hijos también lo hicieran, la Unidad Nacional de Protección desplegó personal que, en lugar de proteger la familia (como era su deber), se dedicó a espiarla e informar al gobierno y a los medios de comunicación sobre todos sus movimientos[123]. Este tipo de acciones, teniendo en cuenta que no existía restricción alguna sobre el ex Ministro Arias –  y mucho menos sobre su familia – de moverse y viajar libremente, demostraron aún más el ensañamiento del gobierno colombiano en contra de Arias.

    La persecución y el encono de la Administración Santos en contra del ex Ministro Arias se fue intensificando a medida que transcurrían los días. El 15 de julio de 2014 el Presidente Santos, anticipando indebidamente el fallo que dos días más tarde iría a proferir la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de Arias, lo humilló y hostigó públicamente frente a un grupo de periodistas durante un foro de negocios en Miami, emplazándolo a que regresara inmediatamente a Colombia[124]. Semejante discurso por parte de Juan Manuel Santos en contra de Andrés F. Arias lo único que lograba era ratificar que el gobierno colombiano no escatimaba esfuerzos, poder y capacidades de inteligencia para espiarlo y arrinconarlo, incluso en el país donde buscaba protección y asilo en contra de la cruel injusticia que iría a recaer sobre él.

    Ese mismo día (15 de julio de 2014) la furia desatada por parte del gobierno colombiano en contra del ex Ministro Arias volvió a sentirse cuando el Embajador en los Estados Unidos, Sr. Luis Carlos Villegas, interfirió descaradamente en la soberanía de las autoridades norteamericanas, así como en la confidencialidad de los procesos de asilo, al presionar públicamente una respuesta negativa por parte de los Estados Unidos a la solicitud de asilo de Arias[125].

    Como si todo lo anterior no fuese suficiente, dos días más tarde la Sra. María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, intensificó el asedio del gobierno colombiano en contra de Andrés F. Arias y su familia cuando, durante una cumbre multilateral en Brasil, citó un informe de inteligencia entregado por el Consulado colombiano en Miami para revelar públicamente y frente a todos los medios de comunicación que el ex Ministro y su familia estaban buscando refugio y se encontraban en la Florida[126].

    En medio de toda esta persecución, el jueves 17 de julio de 2014 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia finalmente develó las oscuras intenciones que, junto a la Administración Santos y sus Fiscales Generales, venían tejiendo en contra de Andrés F. Arias durante los últimos meses (en realidad durante los últimos años) y lo sentenció a 17 años y cinco meses de prisión y a pagar una multa de 50,000 salarios mínimos mensuales vigentes ($COP 30,801’350,000/$USD 15’398,134)[127]. La desproporción de la condena habla por sí sola.

    Más aún, en un acto sin precedentes la Corte Suprema reconoció abiertamente en su fallo contra el ex Ministro Arias que no existían testigos ni pruebas documentales que pudieran demostrar el supuesto “plan criminal” por el que estaba siendo condenado pero que, aún así, debía ser condenado:

    “…no es posible obligar a la Fiscalía que en este asunto concreto, donde se busca determinar la responsabilidad exclusiva del doctor ARIAS LEIVA, se alleguen todos los elementos de juicio o perfeccione la responsabilidad individual de los otros comprometidos y resulta, así mismo, contrario al principio de libertad probatoria reclamar que se tenga prueba especial de cómo se fraguó el plan común, con lo que se pasa por alto, entre otras cosas, que por lo general este tipo de acuerdos no cuentan con registro documental o terceros que lo corroboren.”[128] (subrayas añadidas)

    Y, a diferencia de la narrativa confeccionada por sus enemigos, el fallo de la Corte Suprema también estableció que nunca hubo desvío de fondos públicos utilización de programa estatal alguno a su favor o a favor de su campaña (ni AIS, ni ninguno otro)[129]. En cuanto a esta última posibilidad, la Sala admitió que:

    “… el fallo de condena que aquí se emite en contra del doctor ARIAS LEIVA, se funda en la demostración, más allá de la duda razonable, de esos presupuestos legales, no en las actuaciones que haya cumplido en ejercicio de sus derechos electorales.” [130]

    En resumen, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a Arias porque, según sus magistrados, la culpabilidad del ex Ministro fue probada más allá de duda razonable. El problema – tan enorme y tan protuberante que no pasa el más elemental examen académico o jurídico – es que, como se acaba de ver, los mismos magistrados que lo condenaron admiten en el mismo fallo que el Andrés F. Arias ha sido condenado:

    1. Sin pruebas del plan criminal.
    2. Por una malversación de fondos que no lo beneficiaba ni a él, ni a su campaña. Es decir, sin motivo alguno.

    Sin palabras.

    Ante semejante execración al Estado de Derecho y a la justicia, el Magistrado Eugenio Fernández Carlier se vio obligado a emitir un salvamento de voto, en el cual denunció flagrantes violaciones al debido proceso y al derecho de defensa que sus compañeros de sala le inflingieron al ex Ministro mediante la condena.

    En cualquier caso, he ahí la forma en que una Corte Suprema politizada y corrupta, en equipo con unos Fiscales Generales nombrados ilegalmente y/o actuando ilegalmente, todos ellos amparados y coadyuvados por la administración de Juan Manuel Santos, consumaron una venganza perfecta y de larga data contra el ex Presidente Uribe y contra Andrés F. Arias, aniquilando de paso las altas posibilidades políticas que éste tenía de alcanzar la Presidencia en el futuro. Todo ello mientras, subsidiariamente, menoscababan a Oscar Iván Zuluaga e ilegalmente impulsaban las intenciones reeleccionistas del candidato – presidente Santos.

    Aún así, o quizá a raíz de todo ello, el 5 de septiembre de 2014 el ex Ministro Arias y su familia recibieron oficialmente protección legal en los Estados Unidos como solicitantes de asilo[131].

    [126]http://www.elespectador.com/noticias/judicial/cancilleria-confirma-andres-felipe-arias-esta-miami-articulo-504904
    http://www.eltiempo.com/politica/justicia/andres-felipe-arias-hizo-tramites-consulares-en-miami-cancilleria/14261415.
    [127] En Colombia, en 2014, el salario mínimo mensual legal en pesos colombianos (COP) fue de $ COP 616,027. Así, la penalidad impuesta a Arias es de $ COP 30,801,350,000. En 2014, el tipo de cambio peso colombiano – dólar (COP – USD) fue, en promedio, $ COP 2,000.33 (ver https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-historico/dolar-historico-2014.html). Por lo tanto, en términos de dólares, la penalidad impuesta a Arias en 2014 representaba $USD 15,398,134.
    [128] Pg. 349 del fallo.
    [129] Ni el fallo de la Corte Suprema, ni el Escrito de Acusación de la Fiscalía General de la Nación mencionan anomalía alguna o reproche alguno con respecto a las finanzas y/o bienes personales y familiares de Andrés F. Arias. Recuérdese además que el Procurador General de la Nación también había emitido un fallo aparte en donde absolvió al ex Ministro Arias de cualquier anomalía en sus finanzas personales o familiares, así como de haber utilizado el módulo de riego del Programa AIS para desviar fondos públicos o para apropiarse de dineros del Estado (ver Anexo R).
    [130] Pg. 377 del fallo.
    [131] Anexo V

    La respuesta de la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Juan Manuel Santos no se hizo esperar. En un primer frente de acción, y a los pocos días de emitida la condena, el gobierno colombiano comenzó a presionar por una Circular Roja en contra del ex Ministro. Sin embargo, la defensa de Arias se había anticipado a ello y, tras explicarle detalladamente el caso a la oficina central de Interpol en Lyons – Francia[132], dicha entidad envió una respuesta en la que es evidente que iban a proteger al ex Ministro del asedio de las autoridades colombianas[133]. Es menester subrayar que, con todo y lo que estaría por suceder, Interpol cumplió su palabra y jamás emitió una Circular Roja en contra de Andrés F. Arias.

    En un segundo frente de acción, el 22 de septiembre de 2014 (un poco más de dos meses de emitido el fallo condenatorio) el Estado colombiano dio inicio a una solicitud de extradición al Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de Andrés F. Arias. La estrategia era obvia: presionar al gobierno norteamericano utilizando como rehén el más valioso y efectivo instrumento de cooperación judicial binacional en la lucha contra el narcotráfico, es decir, la extradición. De forma tácita Santos y la Corte le estaban notificando a Estados Unidos lo siguiente: “Como nosotros desde Colombia extraditamos cientos de personas cada año a su país, y como ustedes saben que eso es un gesto unilateral nuestro debido a que no existe Tratado de Extradición alguno, esperamos que ustedes nos muestren una mínima reciprocidad y nos envíen por lo menos a Arias.” Simple y pura extorsión diplomática velada.

    Por su parte, y debido a las protuberantes violaciones a su derecho de defensa y debido proceso, el Procurador General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional de Colombia que revisara la condena en contra de Arias mediante una acción de tutela que había sido interpuesta por el padre de la esposa del ex Ministro cuando éste y su familia ya se encontraban en Estados Unidos[134]. Pues bien, después de que la Corte Constitucional rechazó la selección de la tutela, el propio Procurador General denunció una grave infracción por parte de una de las magistradas que había participado de la decisión[135]. Imposible negar que todo lo que tuviese que ver con Andrés F. Arias y la justicia colombiana terminaba tornándose turbio.

    Afortunadamente, el ex Ministro Arias y su familia pudieron vivir libre y abiertamente en Estados Unidos durante dos años. Recibieron del gobierno norteamericano tarjetas de seguridad social, permisos de trabajo, licencias de conducción, cobertura en salud, educación pública para sus hijos, etc. Por supuesto, las autoridades de ese país (USCIS – Homeland Security) siempre estuvieron al tanto de la dirección de residencia y datos de contacto de Arias y familia. Es decir, el ex Ministro y su núcleo familiar nunca vivieron en los Estados Unidos en estado de ilegalidad alguno y mucho menos ocultos. Por el contrario, siempre estuvieron allí con pleno status legal y plena protección del Gobierno Federal.

    Ahora bien, durante esos dos años la confrontación política entre el ex Presidente Uribe y el Presidente Santos se agudizó muchísimo por cuenta de las negociaciones en Cuba entre el gobierno colombiano y el grupo narcoterrorista de las FARC. Simultáneamente, la persecución judicial en contra del ex Presidente Uribe, su familia y sus más cercanos amigos y colaboradores se recrudeció. Por ende, el 2 de abril de 2016 se llevaron a cabo enormes manifestaciones populares en contra de las concesiones que Santos y sus negociadores en Cuba le hacían al terrorismo de las FARC, así como en contra de la injusta y cruel persecución estatal hacia Uribe, su familia y su equipo de trabajo (comenzando por el ex Ministro Arias)[136].

    Tanta era la polarización en Colombia, que en ese mismo abril de 2016 el Sr. Víctor Mosquera, abogado y defensor de derechos humanos cercano al ex Presidente Uribe y al Centro Democrático, se vio amenazado de muerte por haber llevado el caso de Andrés F. Arias a los tribunales internacionales. Debido a la gravedad de las amenazas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una carta instando al gobierno colombiano a que le proporcionara medidas de protección al Sr. Mosquera[137].

    En efecto, la batalla entre Uribe (o el Centro Democrático) y la Administración Santos trascendió al plano internacional. Por ejemplo, ante la arremetida diplomática de Santos y su Cancillería en pro del acuerdo de impunidad con las FARC y en persecución de varios de los más cercanos colaboradores del ex Presidente Uribe (como el ex Ministro Arias), el Centro Democrático desplegó su propia ofensiva internacional[138] y los medios de comunicación de otros países comenzaron a registrar las justas y legítimas posiciones políticas de Uribe y su partido[139].

    En respuesta, la ofensiva diplomática de Santos en contra de Andrés F. Arias arreció. Finalmente, el gobierno colombiano logró convencer al Departamento de Justicia norteamericano que no debían arriesgar el cúmulo de extradiciones que Colombia entregaba unilateralmente (y sin Tratado de Extradición alguno) simplemente por proteger al ex Ministro. En otras palabras, la extorsión diplomática terminó dando resultados. Así las cosas, el 24 de agosto de 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en representación del gobierno de Colombia, comenzó oficialmente los procedimientos de extradición en contra de Andrés F. Arias.

    El ex Ministro Arias fue arrestado por el cuerpo de Marshalls en esa fecha (24 de agosto de 2016) y llevado al Centro de Detención Federal de Miami (FDC – Miami)[140]. Sorprendentemente, en esa misma fecha el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC anunciaron desde Cuba el cierre de negociaciones y el acuerdo final de impunidad[141]. Semejante coincidencia es imposible de digerir.

    Arias permaneció detenido en el FDC – Miami hasta que fue puesto en libertad bajo fianza el 17 de noviembre de 2016[142], cuando el juez del caso se dio cuenta que el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y Colombia había perdido vigencia desde 1987, tras un fallo de inexequibilidad emitido por la propia Corte Suprema de Justicia de Colombia[143]. Así lo admitió el Departamento de Justicia durante la audiencia y así lo corroboró el juez cuando vio que el pedido de extradición de la Corte Suprema de Justicia de Colombia no invocaba tratado alguno sino el artículo 512 del Código Penal Colombiano (Ley 906 de 2004)[144].

    Ciertamente, los Estados Unidos no pueden extraditar una persona a otro país si no existe un tratado de extradición vigente entre los Estados Unidos y el país requiriente. Además, entendió el juez que la Constitución Política de Colombia sí le permite al gobierno colombiano extraditar personas unilateralmente, en ausencia de tratado y sólo con fundamento en la legislación doméstica (código penal – Ley 906 de 2004). De hecho, el propio ex Presidente Uribe así se lo había certificado al juez[145].

    De este modo, el juez no tuvo más opción que concederle la libertad bajo fianza al ex Ministro Arias. ¿Por qué bajo fianza? Porque el juez le dio la oportunidad al Departamento de Justicia de probar que el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos sí estaba vigente. Es decir, le dio la oportunidad de probar algo que en ese momento hubiera sido imposible, no sólo a la luz del fallo de inexequibilidad de 1987 de la propia Corte Suprema de Justicia de Colombia, sino además a la luz de toda la evidencia disponible.

    Por ejemplo, durante una entrevista que el propio Presidente Santos había concedido en 2011 afirmó[146]:

    Nosotros tenemos un tratado de extradición con Venezuela, no tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos, eso es algo que la gente no sabe.

    Eso lo dijo Juan Manuel Santos para justificar la infame entrega que Colombia hiciera del Sr. Walid Makled[147] a Venezuela y no a Estados Unidos. Más aún, 4 días después de que Arias recuperara su libertad, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le había certificado a la defensa del ex Ministro que Colombia no tenía un Tratado de Extradición vigente con los Estados Unidos y que, por tanto, la extradición activa o pasiva con ese país se regía por los artículos 490 a 514 de la Ley 906 de 2004 (Código Penal)[148]. Como si todo lo anterior no fuera suficiente ese mismo día (21 de noviembre de 2016) el Ministro de Justicia de Colombia había manifestado[149]:

    Este es un tema que corresponde más a Cancillería, por lo tanto nosotros hemos guardado prudente silencio para no interferir en la opinión que ellos tienen. Efectivamente el tratado de extradición no existe, el resto se enmarca dentro de la soberanía que tiene cada Estado y los jueces de tomar sus propias decisiones. 

    En síntesis, una vez Andrés F. Arias recuperó su libertad el gobierno de Santos no tuvo opción diferente a reconocer lo que estaba probado desde todo punto de vista: el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Colombia no estaba vigente y, por ende, aquel país no podía extraditarlo hacia Colombia.

    Pues bien, resulta que al final de cuentas el régimen de Juan Manuel Santos no fue capaz de asimilar y digerir semejante victoria de Arias, Uribe y el Centro Democrático. En consecuencia, sin pudor alguno, los funcionarios del gobierno colombiano, seguramente instigados por la Corte Suprema de Justicia y por el encono del propio Santos en contra de Arias, decidieron cambiar radicalmente de posición y, en contra de toda evidencia y de lo que ellos mismos habían establecido pocos días atrás, optaron por mentir con respecto a la vigencia del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Colombia. Es difícil de creer pero así fue.

    En particular, el 2 de diciembre de 2016, es decir, sólo dos semanas después de que Andrés F. Arias recuperar la libertad, la Cancillería colombiana emitió una Nota Diplomática dirigida al Departamento de Estado de los Estados Unidos en la cual “certificó”: i) que el Tratado de Extradición entre ambos países “continúa actualmente vigente” y ii) que “la solicitud de extradición del señor Andrés Felipe Arias Leiva, fue presentada por requerimiento de la Corte Suprema de Justicia de Colombia bajo el entendido que los Estados Unidos de América le otorgaría el respectivo trámite con fundamento en el Tratado de 1979 y que se entregaría en extradición al señor Arias Leiva con base en ese mismo Tratado.[150] Y unos días más tarde el Ministro de Justicia, el mismo que el 21 de noviembre había afirmado que el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Colombia no existía, no tuvo problema en afirmar que el tratado entre las dos naciones sí estaba vigente.

    Es decir, el gobierno colombiano en pleno contradiciéndose sin disimulo, adulterando la realidad y afirmando todo lo contrario a:

    1. Lo que se colige del fallo de inexequibilidad de 1987 emitido por la Corte Suprema de Justicia.
    2. Lo que quedó plasmado en la solicitud original de extradición emitida por la Corte Suprema de Justicia en 2014.
    3. Lo que afirmaron un ex Presidente ante un juez americano (Uribe) y el Presidente en ejercicio ante el mundo entero (Santos).
    4. Lo que había declarado el mismo Ministro de Justicia.
    5. Lo que venía certificado por escrito desde el propio Ministerio de Relaciones Exteriores.

    En fin, hasta ese punto llegaba el ensañamiento del gobierno colombiano y de la Corte Suprema de Justicia en contra de Arias. Naturalmente el Departamento de Justicia de Estados Unidos no tardó en reaccionar a este inesperado giro en el caso del ex Ministro y el 16 de diciembre de 2016 radicó la Nota Diplomática como nueva evidencia ante el juez de extradición.

    Posteriormente se pudo probar que la funcionaria que redactó la Nota Diplomática (Sra. Alejandra Valencia Gartner)[151] es la misma funcionaria que le había certificado a la defensa del ex Ministro pocos días atrás que Colombia no tenía un Tratado de Extradición vigente con los Estados Unidos y que, por tanto, la extradición activa o pasiva con ese país se regía por los artículos 490 a 514 de la Ley 906 de 2004 (Código Penal)[152]. Al margen de semejante falsedad en documento público, también se pudo probar que la Nota Diplomática llevaba la rúbrica del Viceministro de Asuntos Multilaterales (Sr. Francisco Javier Echeverri Lara) y la aprobación de la Ministra de Relaciones Exteriores (Sra. María Ángela Holguín)[153]. En otras palabras, la presión sobre la funcionaria debió ser mayúscula para que se atreviera a proyectar una Nota Diplomática que falseaba lo que ella misma le había certificado a la defensa de Arias unos días atrás.

    Fue tal el descaro y la mentira en que incurrió la Cancillería de Colombia con el único propósito de perseguir y encarcelar a Andrés F. Arias que, incluso después de que el Departamento de Justicia radicara la Nota Diplomática con el juez de extradición, dicha entidad (todavía bajo la Sra. María Ángela Holguín) seguía certificando en su portal de internet que el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos no estaba vigente[154].

    Como era de esperarse, la espuria Nota Diplomática de la Cancillería y la inverosímil voltereta del Ministro de Justicia llevaron a que el ex Ministro Arias y su partido, el Centro Democrático, pusieran en evidencia la forma en que el gobierno de Juan Manuel Santos mentía, manipulaba e inducía en error a la justicia norteamericana[155].

    Entre tanto la polarización política del país seguía agudizándose gracias a que, por un lado, el Presidente Santos había decidido desconocer el rechazo popular a los acuerdos con las FARC (rechazo manifestado mediante el triunfo del NO en un plebiscito que el propio Santos había invocado para dichos acuerdos el 2 de octubre de ese año)[156] y a que, por otro lado, el gobierno y la Corte Suprema de Justicia intensificaban la persecución en contra de Uribe, su familia y sus co – equiperos del Centro Democrático (siendo el caso del ex Ministro Arias el más emblemático de todos). Dicha polarización y rechazo al gobierno de Juan Manuel Santos desataron nuevamente manifestaciones populares en Colombia y en varios países de mundo, como las que se llevaron a cabo el 1 de abril de 2017[157].

    Ciertamente, el mundo entero tenía sus ojos puestos en Colombia, razón por la cual el ex Presidente Uribe, el Centro Democrático y su bancada de congresistas – incluyendo al entonces Senador y futuro Presidente Iván Duque –, desplegaron una nueva avanzada diplomática. En ella no sólo denunciaron la impunidad que  Santos le estaba obsequiando al grupo terrorista de las FARC, sino también la inclemente persecución que su Cancillería, sus Fiscales corrompidos (Viviane Morales y Eduardo Montealegre) y una Corte Suprema politizada habían desatado contra tantas personas inocentes, pero cercanas al ex Presidente Uribe y el Centro Democrático. Naturalmente, el ex Ministro Arias siempre encabezó la lista de perseguidos que Uribe y su partido defendían y reivindicaban en los correspondientes escenarios internacionales[158].

    Y es que esa lucha política internacional en defensa del ex Ministro era necesarísima, pues era tal el cinismo y la falta de pudor del Presidente Santos y su Cancillería a la hora de buscar la extradición de Andrés F. Arias, que ni siquiera se dignaban disimular la mentira que habían confeccionado para lograr dicha extradición. Por ejemplo, en un debate de control político que el Congreso de la República le hizo el 16 de mayo de 2017 a la Ministra de Relaciones Exteriores – Sra. María Ángela Holguín – la funcionaria ni se ruborizó al reconocer que, efectivamente, el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos no estaba vigente y que la solicitud de extradición del ex Ministro Arias procedía únicamente por el Código Penal doméstico[159]. En últimas, la Sra. Holguín volvía a reconocer, esta vez ante el Congreso de Colombia, que Estados Unidos no tenía jurisdicción para extraditar a Andrés F. Arias hacia Colombia. Y, aún así, insistía en su extradición ante la justicia norteamericana.

    Semejante cinismo y desprecio por el derecho internacional finalmente le dio resultado a Santos y su Canciller el 28 de septiembre de 2017. Ese día Andrés F. Arias fue remitido nuevamente al Centro de Detención Federal de Miami (FDC – Miami) cuando el juez de extradición admitió que, aunque en contravía del cúmulo de evidencia que probaba la no vigencia e inexequibilidad del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Colombia, él no podía fallar en contra de una Nota Diplomática oficial del gobierno colombiano[160]. Uribe, presente en la audiencia, denunció la trampa y la mentira del gobierno Santos[161].

    Aunque la defensa del ex Ministro Arias le había pedido tiempo al juez para investigar unos hechos de corrupción que hacía poco – y tras una investigación de la DEA – se acababan de descubrir al interior de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el funcionario judicial se negó a hacerlo argumentando que no era su función cuestionar la legitimidad de la justicia del país requiriente. Tenía razón el juez, pues ello le correspondía al Departamento de Estado que, a estas alturas y gracias a la perversa estrategia de Santos y su Canciller, tenía las manos atadas para intervenir en un caso de extradición que se surtía en las cortes federales. En cualquier caso, vale la pena notar que posteriormente se confirmaría la existencia de un monumental entramado de corrupción extorsiva dentro de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y especialmente al interior de su Sala Penal – la misma que condenó a Arias –, denominado Cartel de la Toga. La forma en que semejante red de corrupción judicial afectó el caso particular de Andrés  F. Arias se detallará en el siguiente capítulo (Capítulo 4).

    Debe decirse que el ex Ministro Arias permaneció encarcelado durante casi dos años en FDC – Miami apelando su extradición ante un juez Federal y ante la Corte de Apelaciones del 11° Circuito. Allí convivió con muchísimas personas extraditadas por el Estado colombiano[162], quienes le relataron al ex Ministro una parte de la historia desconocida de Colombia.

    Desafortunadamente, el 12 de julio de 2019, la Corte de Apelaciones se pronunció a favor de la extradición, ratificando su jurisprudencia de no inmiscuirse en las decisiones de la justicia del país requiriente y reiterando que no tenía competencia para cuestionar una Nota Diplomática oficial enviada por la Cancillería del país requiriente[163]. Es decir, la maquiavélica y perversa estrategia diplomática de Santos y su Ministra Holguín terminó funcionando. Es cierto que sólo funcionó tras cinco años de presión y extorsión diplomática a los Estados Unidos (recuérdese que la solicitud de extradición fue emitida en 2014), pero funcionó al fin y al cabo.

    En resumen, Andrés Felipe Arias fue perseguido con encono, cinismo y arbitrariedad por el gobierno de Juan Manuel Santos en violación del derecho internacional y del propio orden jurídico colombiano. Esto lo han documentado y certificado ampliamente:

      1. Peritos internacionales de amplia y reconocida trayectoria[164]
      2. Expertos en derecho penal[165]
      3. Importantes personalidades de la política colombiana, incluyendo un ex Presidente, un ex Vicepresidente, la actual Vicepresidente, Senadores y ex Ministros[166]
      4. Autoridades que investigaron el escándalo, incluyendo un ex Vicecontralor y un ex Procurador General de la Nación[167]
      5. Numerosas columnas y artículos de opinión[168]
      6. El capítulo de un libro escrito por un prestigioso autor[169]

    Como si todo lo anterior no fuera suficiente, y aunque parezca inverosímil, el Sr. Rubén Darío Lizarralde, quien se desempeñaba como Ministro de Agricultura del Gobierno Santos justo cuando dicho Ministerio solicitó que Arias fuera condenado (ver arriba), emitió una declaración jurada afirmando que la condena del ex Ministro Arias fue una decisión “posiblemente motivada por razones políticas “[170].

    [159] Anexo RR (Video) – Ver, por ej., 4’50” – 5’17” y 6’24” – 6’33”.
    [160] https://www.elheraldo.co/colombia/detienen-en-eeuu-exministro-arias-para-su-extradicion-407047
    [161] http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/arias-victima-gobierno-miente-sobre-extradicion-corrupcion-en-justicia-y-falta-de-doble
    https://www.newscolombia.com.co/uribe-defiende-andres-felipe-arias-y-dice-que-gobierno-santos-miente-sobre-extradicion/
    [162] Don Berna, Macaco, Gordolindo, Cuco Vanoy, Mi Sangre, Washington Prado (el “Pablo Escobar Ecuatoriano”), integrantes del Clan del Golfo, narcotraficantes al servicio de las FARC.
    [163] https://www.voanoticias.com/a/eeuu-extradita-a-exministro-colombiano-de-agricultura/4998401.html
    [164] Anexo SS
    [165] Anexo TT
    [166] Anexo UU
    Ver también: http://www.semana.com/nacion/articulo/para-uribe-zuluaga-condena-arias-es-persecusion-politica/395966-3
    [167] Anexo VV y Anexo WW
    [168] Para la prensa extranjera Anexo XX.
    Para la prensa colombiana ver:
    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/moises-wasserman/mas-sobre-arias-columna-de-moises-wasserman-390236
    http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/moises-wasserman/hurgando-en-la-sentencia-contra-arias-moises-wasserman-columna-el-tiempo-53745
    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/andres-candela/prefiero-estar-triste-que-estar-desesperado-66434
    https://www.semana.com/opinion/articulo/la-corte-suprema-y-el-caso-arias-por-jose-manuel-acevedo/596792
    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jose-manuel-acevedo/una-salida-para-arias-columna-de-jose-manuel-acevedo-395314
    https://www.elespectador.com/opinion/justicia-para-andres-felipe-arias-columna-841632
    https://www.elespectador.com/opinion/la-paradoja-de-andres-felipe-arias-y-santrich-columna-870986
    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/el-paganini-columna-de-mauricio-vargas-387992
    https://www.costanoticias.com/a-proposito-de-la-extradicion-de-arias-por-rafael-nieto-loaiza/
    https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/a-proposito-de-un-juicio-canalla-FG9495520
    https://elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2018-el-caso-de-andres-felipe-arias
    http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/una-reveladora-separata/15893515
    http://www.semana.com/nacion/articulo/andres-felipe-arias-condena-exagerada/394414-3
    https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/rafael-nieto-loaiza/horror-judicial.html
    http://www.laRepública.co/la-tragedia-de-arias_145681
    http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/arias_un_preso_politico.php#.U8lgVY15PQk
    http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/condena-andres-felipe-arias/198381
    http://linkis.com/periodicodebate.com/xy792
    http://www.elespectador.com/opinion/morelli-arias-y-petro-columna-505415
    http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/el-senado-de-timochenko/14273140
    http://lasillavacia.com/historia/la-desproporcionada-pena-de-andres-felipe-arias-48105
    [169] Anexo YY
    El capítulo del libro también fue transcrito en el periódico El Tiempo en el siguiente enlace:
    http://www.eltiempo.com/politica/justicia/andres-felipe-arias-y-su-tragico-destino/16685828
    [170] Anexo ZZ

    ¿Quién mejor que el subordinado de Santos al frente de la cartera que pidió la condena de Andrés F. Arias para atestiguar que dicha condena estuvo motivada políticamente? Después de una declaración como esas y por venir de quien viene, ¿a alguien le puede caber duda de la injusticia cometida con el ex Ministro Arias por Juan Manuel Santos, sus corrompidos Fiscales y la corrupta y politizada Corte Suprema de Justicia?

    Debe mencionarse que el exministro Arias ha solicitado una y otra vez a la Corte Suprema de Justicia su derecho a apelar la sentencia. Una y otra vez, la Corte Suprema le ha rechazado su derecho de apelación[171]. Sin lugar a dudas, esta negativa viola la Constitución Política de Colombia (CPP) que en su artículo 29 establece:

    … Quien sea sindicado tiene derecho … a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

    Pero, además, la reiterada negación a que Andrés F. Arias pueda apelar su sentencia condenatoria también transgrede todos los tratados internacionales de derechos humanos de los que la República de Colombia es parte y cuyas disposiciones son vinculantes para el Estado, tal como lo establece el artículo 93 de su Constitución:

    Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”

    Uno de tales tratados es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[172], del cual Colombia es parte desde 1968[173]. Pues bien, el PIDCP establece en su artículo 14.5:

    Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.”

    En este orden de ideas, no existe razón alguna para que a Andrés F. Arias, o a cualquier otro colombiano condenado por primera vez en cualquier instancia, se le niegue el derecho a apelar su sentencia condenatoria.

    En consecuencia, el 13 de noviembre de 2018 y tras una largo litigio en Ginebra – Suiza contra el Estado colombiano, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) emitió un fallo a favor del ex Ministro Arias[174], estableciendo que Colombia había violado su derecho de apelar la sentencia[175]. El CDHNU también le ordenó al Estado colombiano implementar todos los ajustes legales e institucionales necesarios de tal manera que se le pudiera garantizar a Andrés F. Arias su derecho de apelación.

    Desafortunadamente, ni el gobierno colombiano, ni sus tribunales, han cumplido con el fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, por lo tanto, el ex Ministro Arias continúa arbitrariamente privado de su libertad, como quiera que el Estado colombiano le sigue negando su derecho humano fundamental a apelar una sentencia injusta, politizada, emitida por un tribunal probadamente corrupto y plagada de violaciones al debido proceso.

    [171] https://canal1.com.co/noticias/corte-suprema-niega-nuevamente-segunda-instancia-para-andres-felipe-arias/
    [172]https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/pacto_internacional_derechos_civiles_politicos.html
    [173]https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/Jurisprudencia/antes1991/ley_74_de_1968.pdf
    [174] Anexo AAA; ver también:
    https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/comite-de-derechos-humanos-de-naciones-unidas-fallo-a-favor-del-exministro-andres-felipe-arias-2793293
    https://www.semana.com/nacion/articulo/onu-falla-a-favor-de-andres-felipe-arias/590642
    [175] El CDHNU también dictaminó que Colombia había violado el derecho del ex Ministro Arias a la participación política debido a la prohibición de por vida que la Corte Suprema también le impuso en su sentencia para dicho tipo de actividades (i.e. elección a cargos públicos, nombramientos como funcionario público y/o contratación con entidades públicas).